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El ex dirigente de Batasuna Pernando Barrena, preso desde el año 2008, ha abandonado esta tarde la cárcel de Aranjuez (Madrid), según fuentes penitenciarias.

Barrena ha quedado en libertad tras pagar la fianza de 50.000 euros que le ha impuesto la Audiencia Nacional, que también le ha prohibido realizar actos o crear un partido de similares características a las de la formación ilegalizada.

Horas antes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había decidido prorrogar dos años más la prisión provisional al miembro de la ilegalizada Batasuna por el caso ANV-EHAK.

La Sala reconoce en el auto "la objetiva imposibilidad de llevar a cabo el enjuiciamiento dentro del plazo ordinario de prisión" y descarta el riesgo de fuga del encausado, ya que "durante el tiempo que permaneció en libertad cumplió con sus obligaciones de presencia en el procedimiento", además de mantener una fianza de 200.000 euros en otro procedimiento de la Audiencia Nacional.

A esto se suma que la fase de instrucción está concluida, por lo que no existe posibilidad de destrucción de pruebas o de obstaculizar la investigación. No obstante, los jueces mantienen que existe riesgo de "reiteración delictiva".

Es por ello, que la Sala a través del auto ha acordado prorrogar dos años "y hasta el límite legal de cuatro años" la prisión provisional a Pernando Barrena.

Además, el auto recoge la "prohibición expresa" a Barrena de participar en los mismos o similares actos y formación de grupos o partidos políticos que han llevado a su enjuiciamiento.

Petición de prórroga

El Ministerio Fiscal, representado por Vicente González Mota, solicitó el pasado 21 de enero la prórroga de la prisión provisional de Pernando Barrena y otros siete procesados en el sumario contra ANV, EHAK y la "nueva mesa nacional" de Batasuna, ya que el plazo máximo de dos años de prisión preventiva estaban a punto de expirar en todos los casos.

El fiscal pidió la prórroga al encontrar indicios claros de participación en el "entramado institucional" de ETA y argumentó que existía riesgo de reiteración delictiva.