Economía

El Gobierno Vasco ha informado a la Fiscalía de "graves irregularidades" detectadas en al menos una quincena de contratos informáticos del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009, cuando estaba dirigido por Joseba Azkarraga (EA), cuyo importe supera los 23 millones de euros.

La portavoz del ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, ha desvelado hoy que el Consejo de Gobierno ha decidido que el Ministerio Fiscal investigue estos contratos, algunos de los cuales, pese a estar pagados, ni siquiera se han iniciado aún o no se han ejecutado en su totalidad.

En otros casos se ha detectado, por el "escasísimo plazo" fijado para la ejecución de algunos trabajos, que la empresa sabía de antemano que iba a ser la adjudicataria y había anticipado el trabajo.

En otros contratos se pone de manifiesto que ninguna de las partes tenía intención de ejecutar lo contratado, por lo que el documento "no era sino una mera justificación formal para obtener financiación".

Las irregularidades afectan a trabajos para implantar el sistema de gestión procesal, la nueva oficina judicial o para desarrollar el expediente judicial electrónico.

Al sospechar de estas irregularidades, el anterior viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010, encargó dos auditorías técnicas, una interna y otra externa.

Posteriormente, mantuvo varias reuniones con las empresas informáticas proveedoras, con la finalidad de garantizar la continuidad del sistema informático de la Administración de Justicia.

Según ha explicado Mendia, en estas reuniones las empresas adjudicatarias de dichos contratos irregulares reconocieron que no habían ejecutado muchos de los trabajos, pese a que habían cobrado por ellos, y se comprometieron a llevarlos a cabo.

La portavoz del Gobierno Vasco no ha desvelado los nombres de dichas empresas ni las personas del Departamento de Justicia que firmaron los contratos, al tiempo que ha defendido la presunción de inocencia de los presuntos responsables de estas irregularidades.

El Gobierno Vasco reconoce sin embargo la gravedad de lo ocurrido, que afecta a "cuestiones de calado para la Administración de Justicia".

Por ello, el Consejo de Gobierno ha decidido poner los expedientes en conocimiento de la Fiscalía para que determine si los implicados cometieron algún delito y para que señale a los responsa