Economía

El Gobierno vasco recurrirá ante el Tribunal Constitucional la eliminación de una paga extra a los funcionarios, los recortes en las ayudas a la atención de la dependencia y la ampliación de horarios comerciales aprobada por el Ejecutivo central si éste no reconsidera su postura y acaba con la "invasión" de competencias y con su deriva "recentralizadora" que "desnaturaliza el Estado autonómico".

La portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, ha dado a conocer esta decisión tras el Consejo de Gobierno semanal, en una comparecencia en la que ha indicado que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico --que hace semanas ya anunció su intención de recurrir los recortes del Ejecutivo central en sanidad y educación-- están trabajando ya en la elaboración de estos nuevos recursos.

En este caso, la Administración autonómica está preparando recursos contra algunas de las medidas incluidas en el último paquete de actuaciones para reducir el déficit público aprobado por el Gobierno central, entre las que se encuentra la eliminación de la paga extra de Navidad a los funcionarios, la reducción de las ayudas a la atención de la dependencia o la ampliación de horarios comerciales.

'Uso abusivo' del Decreto Ley

Mendia ha opinado que el Gobierno central está haciendo un "uso abusivo" de los decretos ley y ha advertido de que ambas normas "vulneran la capacidad de organización de la Comunidad Autónoma Vasca en materia de función pública, vacían acuerdos de negociación colectiva y limitan competencias sectoriales del País Vasco como la ordenación del sector comercial".

En concreto, el Gobierno Vasco presentará dos nuevos recursos. Por un lado, contra la Ley de Presupuestos del Estado y por otro contra las medidas aprobadas por Real Decreto la semana pasada, es decir, las que atañen al sueldo de los funcionarios, la negociación colectiva, la Ley de Dependencia o la ampliación de horarios comerciales.

Según ha dicho, la interposición del recurso no será inmediata ya que antes se creará una comisión bilateral de negociación con el Gobierno de España y en caso de que en seis o nueve meses ambas administraciones no se pongan de acuerdo, el ejecutivo autonómico formalizará los recursos.