Economía

Las condiciones establecidas por el Gobierno central para ayudar a las comunidades autónomas que no pueden hacer frente a sus vencimientos de deuda implican un mayor control de las cuentas regionales por parte de la Administración central, aunque algunas autonomías rechazan que sea interpretado como un rescate.

El temor a que la petición de ayuda se entienda como una pérdida de autonomía ha llevado a Cataluña a insistir en que se trata de una línea de crédito más puesta en marcha por el Estado para que las autonomías puedan financiarse a un interés inferior al del mercado.

De momento, solo Cataluña, Valencia y Murcia han anunciado su intención de adherirse al fondo de liquidez, una vez que se ponga en marcha, aunque otras CCAA estudian seguir el mismo camino.

En virtud de lo fijado por el decreto ley del 14 de julio, las comunidades que usen este instrumento de financiación extraordinario tendrán que someterse a una supervisión más estrecha por parte del Ministerio de Hacienda, que ya está chequeando las cuentas de alrededor de diez comunidades por las dudas sobre si lograrán reducir el déficit al 1,5 % comprometido para este año.

De esta forma, Hacienda podrá enviar misiones de control a la comunidades autónomas y reclamarles toda la información que considere oportuna.

Además, el Ministerio podrá pedir ajustes adicionales a las CCAA para garantizar la devolución de los préstamos concedidos.

Será el Estado, "en nombre y por cuenta de la comunidad autónoma", el que gestione el pago de los vencimientos de deuda pública.

Asimismo, el Gobierno de España tendrá que dar su autorización expresa para que las comunidades puedan pedir créditos en el extranjero o realizar operaciones con valores.

El fondo pondrá a disposición de las autonomías 18.000 millones de euros hasta final de año, que solo se podrán usar para hacer frente a los vencimientos de deuda emitida y de préstamos, así como para cubrir las necesidades de financiación del déficit.