Política

Los diferentes acontecimientos que se encadenaron tras confirmarse el final del último proceso de negociación (2005-2007) mermaron mucho la estructura y capacidad de actuación de la izquierda abertzale, limitando su capacidad de iniciativa política y restándole presencia institucional y social.

El 8 de junio de 2007, dos días después de que ETA anunciara a través de un comunicado que rompía el alto fuego permanente en vigor desde el 24 de marzo de 2006, Arnaldo Otegi fue arrestado para cumplir una pena de 15 meses de prisión.

Cuatro meses después, el 4 de octubre de 2007, la Policía arrestó a 23 miembros de la izquierda abertzale durante una reunión que llevaban a cabo en la Casa de Cultura de Segura (Gipuzkoa). Entre los arrestados se encontraban destacados dirigentes de Batasuna como Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro, Patxi Urrutia, Juan Joxe Petrikorena o Jean-Claude Agerre.

Con su principal interlocutor y el resto de la cúpula en prisión, las ilegalizaciones y la frustración que genera entre sus bases la ruptura del proceso, la izquierda abertzale pierde gran parte de su presencia pública y social y decide poner en marcha un proceso de debate interno para redefinir su estrategia.

Proceso de reflexión

Este proceso de reflexión culmina con un documento que en octubre de 2009 trasladan a sus bases para su debate. Se trata de un documento en el que destacan la autocrítica y las apuestas por la acumulación de fuerzas a favor de la autodeterminación y por "la utilización de vías exclusivamente políticas y pacíficas".

Días antes de hacer público el inicio del debate interno, el 13 de octubre de 2009, los dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Rufi Etxeberria, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez son arrestados durante una reunión que celebraban en la sede del sindicato LAB en Donostia-San Sebastián.

La operación, en la que en total fueron detenidas 10 personas, fue ordenada por el juez Baltasar Garzón, que acusaba a los arrestados de intentar "reconstruir la dirección de Batasuna bajo las órdenes de ETA".

Declaración de Altsasu

En noviembre de 2009, la izquierda abertzale presenta ante la opinión pública los principales pilares de sus reflexiones en la llamada Declaración de Altsasu.

La izquierda abertzale considera que la recuperación de la legalidad y el retorno a las vías exclusivamente políticas es "el único camino posible" y el que permite, además, "confrontar al Estado en su flanco más débil: el político".

La declaración de Altsasu incluye la propuesta de negociación de Anoeta y le añade el cumplimiento de los llamados Principios Mitchell, que presidieron el proceso de paz norirlandés.

Conclusiones: 'Zutik Euskal Herria'

El 16 de febrero de 2010 la izquierda abertzale anuncia a través de un comunicado que da por finalizado su debate interno y que las bases han ratificado la apuesta por "un proceso democrático que se desarrolle con el uso de vías y medios políticos y democráticos y que aboga por la acumulación de fuerzas soberanistas e independentistas".

La nueva estrategia de la izquierda abertzale queda plasmada en el documento 'Zutik Euskal Herria', que subraya que el proceso debe llevarse a cabo en ausencia total de violencia.

El papel de ETA

En un nuevo comunicado, ETA valoró el debate de la izquierda abertzale y dio a entender que hacía suya la reflexión recogida en la Declaración de Altsasu. Abogaba por un "proceso democrático" y se reafirmaba en el esquema de Anoeta.

Sin embargo, y a pesar de no utilizar en ningún momento el término "lucha armada", también señalaba que "estamos en una fase previa a un proceso democrático" y que es tiempo "de organizarse y luchar". Además, hablaba de que "una tregua o un alto el fuego no garantiza un proceso democrático". Así, este comunicado generó desconcierto.

Acercamientos entre EA y la izquierda abertzale

Entre tanto, durante los últimos meses se suceden los movimientos entre diferentes partidos, sindicatos y agentes sociales.

En noviembre 2009, Eusko Alkartasuna realiza una asamblea interna y, entre otras conclusiones, destaca su apuesta por la acumulación de fuerzas independentistas.

El 17 de octubre de 2009, los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU convocan una manifestación en Donostia-San Sebastián contra los arrestos de Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga y otros siete dirigentes de la izquierda abertzale. La movilización que reúne a más de 30.000 personas también es secundada por partidos como PNV, EA y Aralar.

En enero de 2010 la Audiencia Nacional prohibió la manifestación que anualmente Etxerat celebra en Bilbao para pedir el acercamiento de presos y exigir el respeto a sus derechos. No obstante, Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternatiba, Abertzaleen Batasuna y la izquierda abertzale realizaron una nueva convocatoria que sí se pudo llevar a cabo.

Además, en los últimos meses se refuerza la tesis de un acercamiento entre EA y la izquierda abertzale. Muestra de ello fue que tanto EA como la izquierda abertzale acudieron juntos al Aberri Eguna organizado por el movimiento ciudadano Independentistak.

Por su parte, el Gobierno de Zapatero anuncia que este mismo año reformará la Ley de Partidos y que endurecerá las leyes para impedir que la izquierda abertzale pueda concurrir a las elecciones forales y municipales de 2011.

Acuerdo con EA

El 20 de junio Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale firman un acuerdo histórico en un acto celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El acuerdo, firmado por Peio Urizar y Rufi Etxebarria, aboga por la acumulación de fuerzas independistas y tiene dos objetivos claros: por un lado, la desaparición de "toda tipo de violencias" y la normalización política, y por otro, "la creación del Estado vasco" por "vías exclusivamente políticas y pacíficas".

Apoyo internacional

Por otro lado, en marzo una veintena de personalidades internacionales firmaron una declaración en la que "elogian" la nueva estrategia de la izquierda abertzale. El texto, que fue presentado en el Parlamento Europeo por el mediador sudafricano Brian Currin, pide a ETA que declare un alto el fuego permanente "verificado" por una comisión independiente y al Gobierno español que responda "debidamente" a esa posible declaración.