Política

PSOE y PP han alcanzado hoy un acuerdo para rescatar la Ley Sinde en el Senado a través de una enmienda conjunta que refuerza,&' || 'nbsp;aunque de forma limitada, las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor.

La propuesta, acordada cuatro horas antes de que concluyera el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado a la Ley de Economía Sostenible, permitirá recuperar en la cámara alta la disposición final segunda del texto, rechazada en el Congreso el pasado 21 de diciembre.

El acuerdo incluye un compromiso por parte del Ejecutivo de reformar en el plazo de tres meses la normativa sobre la compensación por copia privada o canon digital&' || 'nbsp; (la tasa que grava a priori cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento): "El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada".

El próximo 9 de febrero el pleno del Senado votará de nuevo la Ley Sinde.

La enmienda, a la que ha tenido acceso Efe, ratifica la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, para ejercer funciones de mediación y arbitraje y examinar las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

Se añade que todo requerimiento de cierre de una web a dicha comisión "exigirá la previa autorización judicial", que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal.

Una vez obtenida la autorización, las páginas web "estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación".

La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que "en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores" o realizar las alegaciones que considere oportunas.

Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución.

En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes.

La falta de resolución en los plazos determinados "tendrá efectos desestimatorios de la solicitud", añade el texto.