Política

Esta mañana se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao el juicio oral por las reuniones del lehendakari Ibarretxe y dirigentes del PSE-EE con miembros de Batasuna durante el último alto el fuego de ETA para buscar la paz.

Ha sido la primera vez en la historia que un lehendakari y el jefe del primer partido de la oposición en Euskadi se han sentado en el banquillo de los acusados.

El alto tribunal deberá resolver si los encuentros que mantuvieron tanto el lehendakari como los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares con sendas delegaciones de la izquierda abertzale encabezadas por Otegi durante el último alto fuego de ETA vulneraron la ilegalización de Batasuna.

Los ocho imputados se enfrentan a una petición de pena de entre 9 meses y 4 años, siendo las más elevada la que piden las acusaciones populares ejercidas por el Foro Ermua y Dignidad y Justicia para Otegi, si bien el Ministerio Fiscal ha vuelto a reclamar la libre absolución de todos ellos al considerar que no hubo delito alguno en aquellos encuentros.

Fiscalía y defensas de PSE y Batasuna piden suspender el juicio

En la sesión de hoy todas las partes han planteando sus cuestiones previas, en base a las cuales el tribunal decidirá seguir con el proceso o suspenderlo. La decisión de los magistrados se conocerá el lunes a las 09:30.

En los primeros momentos de la vista de hoy, la fiscal superior de la CAV, María Ángeles Montes, ha reclamado que el TSJPV "ponga fin" hoy mismo al juicio.

Montes ha planteado una cuestión previa en la que solicita que se acabe el procedimiento penal al considerar que "tal como el Tribunal Supremo afirmó en la sentencia del caso Botín, si la acusación particular o el Ministerio fiscal no ejercen la acción penal, no puede procederse a la apertura de juicio oral solo con las acusaciones populares". Hay que recordar que en este juicio solo hay acusación popular.

En el mismo sentido se han pronunciado también la letrada de los representantes de la izquierda abertzale, Jone Goirizelaia, y el representante legal de López y Ares, Félix Rojo, que también han pedido la suspensión del juicio.

Ambos han insistido en que se han vulnerado derechos constitucionales, como el derecho a la tutela efectiva, y han recordado también la ''doctrina Botín''.

Félix Rojo ha afirmado, además, que se desconoce "con exactitud qué intereses" mueven a la acusación popular y ha sugerido que, detrás, puede haber motivaciones "políticas". Por ello, ha pedido la nulidad de las actuaciones.

Por su parte, Goirizelaia ha alegado que "la dispersión" a la que han sido sometidos cuatro de sus defendidos (Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, que se encontraban en prisión), ha vulnerado el derecho a su defensa.

Según ha explicado, la letrada solicitó que se trasladara a cárceles cercanas a los reclusos con una antelación mínima de un mes respecto a la celebración del juicio, para poder preparar su defensa, algo a lo que no se ha accedido. Además, ha criticado que faltan pruebas documentales que ella había solicitado.

La defensa del lehendakari quiere seguir con el juicio

La sorpresa ha llegado de la mano del abogado del lehendakari, Mikel Casas, quien contra todo pronóstico se ha posicionado a favor de continuar con el juicio para buscar una sentencia que absuelva a los acusados.

Casas ha dicho que los imputados ya han cumplido "pena de banquillo" y que ahora "hay que demostrar su inocencia".

En su opinión, de hecho, el lehendakari, "en el ejercicio legítimo de su cargo, hizo lo que tenía que hacer" y no ha hecho "nada diferente a otros gobiernos democráticos" para resolver "el conflicto vasco, la cuestión vasca, aquí relacionada con el tema de la violencia".

La acusación pide las actas de la negociación con ETA

Por último, las acusaciones populares ejercidas por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia se han opuesto al archivo de la causa y han solicitado que se pongan a disposición del tribunal las actas de las negociaciones mantenidas por ETA y el Gobierno español, custodiadas por el centro Henri Dunant de Suiza.

El abogado del Foro de Ermua, Fernando García Capelo, ha asegurado que los medios de comunicación han publicado que en dichas actas consta que en las conversaciones entre el Ejecutivo y la banda armada se acordó que Batasuna y el PSE mantuvieran un encuentro público "para dar por finalizada, de facto, la Ley de Partidos".

A su juicio, "ello demostraría que la reunión del 6 de julio de 2006 con los dirigentes socialistas no fue en nombre de la izquierda abertzale, sino de ETA". A esta petición del Foro Ermua se ha sumado Dignidad y Justicia.