Política

La ONU ha criticado la Ley de Partidos ya que entiende que su ambigüedad permite al Estado vulnerar derechos fundamentales. En su opinión, esta ley da pie a considerar como terroristas conductas que no lo son.

El Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, ha destacado en un informe de 26 páginas que la Ley de Partidos puede ser aplicada a todo partido político que trate de alcanzar unos objetivos similares a los perseguidos por ETA aunque lo haga por medios pacíficos.

Por eso, desde la ONU recomiendan adaptar las expresiones poco precisas de la ley a los principios internacionales de libertad de expresión.

También piden medidas procesales más rigurosas a la hora de impedir a un partido participar en las elecciones. De hecho, el relator espacial considera que impedir la participación electoral debe ser "de carácter estrictamente excepcional y estar previsto en la ley".

Audiencia Nacional, incomunicación, tortura

Otra de las recomendaciones que hace el representante de la ONU se refiere a la Audiencia Nacional. Pide al Gobierno español que "considere la posibilidad de trasladar la competencia para los delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios, en lugar de reservarla a un solo tribunal central especializado, la Audiencia Nacional".

Denuncia asimismo que el actual sistema jurídico no permite revisar la sentencia de una persona que haya sido absuelta en la Audiencia Nacional y condenada posteriormente en el Tribunal Supremo.

Igualmente, recomienda al Estado que reduzca el recurso a la prisión provisional en los casos asociados a la "noción de terrorismo", pide la "completa erradicación de la detención incomunicada, que se apliquen "sistemáticamente" medidas de prevención de la tortura y malos tratos, y que siempre que "haya motivos para creer que se han infligido malos tratos, se proceda a una investigación pronta, independiente, imparcial y completa y se lleve ante la justicia a los autores de esas infracciones".

Este informe es el resultado de la visita que Martin Scheinin realizó del 7 al 14 de mayo al Estado español y a Euskal Herria para evaluar si las medidas "antiterroristas" adoptadas por el Gobierno español afectan a los derechos humanos.