Política

El Parlamento Vasco ha acordado suprimir el derecho de los altos cargos del Gobierno Vasco a cobrar complementos de pensiones vitalicias, aunque se garantizará el cobro de la pensión máxima para los que están ya jubilados y los de 60 años que no hayan cotizado suficiente.

La supresión de estos complementos afectará a los consejeros y viceconsejeros actuales del PSE-EE y a los del Gobierno de Ibarretxe que no hayan cumplido los 60 años.

La modificación de la Ley del Gobierno conllevará más cambios legislativos, por lo que habrá que esperar al mes de mayo para que el acuerdo político entre en vigor, han indicado fuentes de la Cámara.

La Ley de Gobierno en vigor contemplaba el derecho de consejeros y viceconsejeros a cobrar en su jubilación un complemento que les garantice una pensión equivalente al 50% de su sueldo cuando estaban en el cargo, con solo haber permanecido en él dos años.

Todos los grupos han acordado eliminar este derecho y han establecido que solo conservarán este estatus legal los lehendakaris.

No obstante, han establecido también que el Gobierno Vasco no complementará la pensión de los lehendakaris ni de los altos cargos que acumulen pensiones de otras instituciones.

En general, los grupos han visto como "un paso en la buena dirección" lo acordado hoy pero han advertido de lo difícil que es explicar a los ciudadanos que se mantienen "excepciones" introducidas por PNV y PSE para los ex altos cargos de 60 años.

Disolución de ETA

El Parlamento Vasco ha exigido hoy con los votos de PSE, PP y UPyD la disolución incondicional de ETA, la entrega de las armas y el reconocimiento del daño causado.

PNV, Aralar, EA y Ezker Anitza-IU no han respaldado el texto por considerarlo "un paso atrás" en el camino a seguir tras el anuncio de ETA del pasado 20 de octubre de cese de sus acciones violentas.

El punto segundo de la enmienda aprobada "defiende y comparte el derecho de las víctimas a exigir un final de ETA que respete la memoria, la dignidad y la justicia que se les debe a quienes padecieron la acción criminal de la organización terrorista".

El debate, que ha sido impulsado por UPyD, ha reflejado la distancia que separa a los grupos en torno a qué pasos se deben dar para recuperar la convivencia y la concordia.