Política

El Tribunal Supremo ha condenado a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados, han informado fuentes jurídicas.

El fallo ha sido comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que se desplazó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo.

Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de esta tarde, Garzón ha abandonado con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.

El tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, ha dado a conocer este jueves la sentencia, que tiene como ponente al juez Miguel Colmenero. Completaban la Sala los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena -instructor del caso de los cobros de Nueva York- y Luciano Varela -instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo-.

Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derechode defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de lasdecisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de lamás estricta legalidad".

Las claves de la sentencia

El TS sostiene que Garzón, al ordenar la grabación de las conversaciones que el cabecilla de la trama "Gürtel", Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, mantuvieron con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".

"La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirma la sentencia, que también señala que Garzón admitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".

Este no es el único reproche que el Supremo realiza al magistrado a lo largo de los 68 folios que tiene la sentencia, ya que insiste en valorar su actuación como una vulneración de los derechos fundamentales porque "la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación" y "la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio".

Garzón está "desolado"

El abogado de Baltasar, Francisco Baena Bocanegra, ha asegurado que su cliente está "desolado" por su condena y ha añadido que estudiará si la recurre ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En conversación telefónica desde Cadiz, donde se encontraba por motivos profesionales, Baena ha señalado que Garzón le ha llamado para comunicarle que el Tribunal Supremo acababa de condenarle a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación, lo que supone su expulsión de la carrera judicial, y que le ha encontrado "desolado".

El Gobierno respeta la decisión del TS

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha expresado el "máximo respeto" del Gobierno a la condena del Tribunal Supremo a Baltasar Garzón y ha dicho que "la única valoración" que hace es el normal funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento del Estado de derecho.

"El Gobierno, en este, como en todos los casos en los que haya un pronunciamiento del poder judicial, no hará nunca ningún tipo de valoración política", ha subrayado Gallardón tras asistir a la toma de posesión de siete nuevos consejeros de Estado, entre ellos el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Otras causas contra Garzón

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.