Política

Juan Calparsoro, el Fiscal Superior del País Vasco, ha ordenado el archivo del caso por un supuesto caso de fraude en la contratación de servicios informáticos por parte del departamento de Justicia cometido en legislaturas anteriores y ha valorado el exhaustivo control del gasto por la actual consejería y que, finalmente, se cumplieran las entregas de esos contratos.

El pasado mes de febrero la consejera de Justicia, Idoia Mendia, denunció públicamente que entre los años 2000 y 2009 el Gobierno vasco realizó contratos supuestamente irregulares cuando ese departamento estaba dirigido por su antecesor, Joseba Azkarraga (EA), por un importe de 23 millones de euros.

El Gobierno Vasco remitió a la Fiscalía las actuaciones e incidencias detectadas con ocasión de la revisión de los expedientes de contratación informática y adjuntó un informe elaborado por la viceconsejera María Victoria Cinto, sobre varios contratos firmados por la Administración vasca que habían sido incumplidos por las empresas informáticas.

Tras consultar a las empresas denunciadas, tomar declaraciones a directores del departamento de Justicia anteriores y actuales, Calparsoro ha concluido, en un decreto comunicado hoy a las partes, que no se ha producido ni malversación de caudales públicos, ni un delito de prevaricación administrativa.

Así, el Fiscal ha acordado el archivo de las diligencias de investigación.