Política

La sala de vacaciones del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado hoy el recurso de 16 presos de ETA contra la aplicación de la llamada "doctrina Parot", al entender que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que amparó a la reclusa Inés del Río no tiene "carácter definitivo".

Según fuentes del Constitucional, estos reclusos pidieron al TC que revisara su situación a raíz de la citada sentencia del TEDH que consideró "irregular" la aplicación de la "doctrina Parot" en el caso de Inés del Río.

La sala de vacaciones (integrada por el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala; el vicepresidente, Ramón Rodríguez Arribas, y el magistrado Pablo Pérez-Tremps) ha adoptado esta decisión tras una reunión de una hora y al constatar que esa sentencia está aún pendiente de ser recurrida ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

Herrira califica de "escándalo jurídico" la decisión del Constitucional

El colectivo de apoyo a los presos de ETA Herrira ha calificado este lunes de "escándalo jurídico" y "atropello a los derechos humanos" la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar los recursos de 16 presos de ETA a los que se les aplicó la denominada "doctrina Parot".

En un comunicado, Herrira ha recordado que el pasado 9 de julio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronunció contra la aplicación de esta doctrina, que establece que las redenciones de pena deben aplicarse no al tiempo máximo de cumplimiento efectivo, sino a cada una de las condenas individualmente, lo que en la práctica supone un alargamiento de su estancia en la cárcel.

La IA dice que el Estado "moldea la legalidad según intereses políticos"

La portavoz de la izquierda abertzale (IA) Maribi Ugarteburu ha  considerado que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar los 16 recursos de presos de ETA contra la aplicación de la llamada Doctrina Parot demuestra que el Estado español "moldea la legalidad según sus intereses políticos".

En un comunicado, Ugarteburu ha señalado que la decisión del TC  "no es más que un desesperado intento de ganar tiempo y de prolongar  innecesariamente el sufrimiento de los 60 reclusos afectados por la  doctrina 197/2006 y de sus familiares".