Política

El colectivo de presos de ETA (EPPK) considera que el caso del recluso enfermo Josu Uribetxebarria constituye el reflejo de la política penitenciaria del Gobierno, al tiempo que afirma que ha llegado "el principio del fin" de dicha estrategia.

El EPPK ha emitido un comunicado, que difunde íntegramente este jueves el diario Gara en su edición impresa y en Naiz.info.

En el texto, los reclusos expresan su solidaridad con Uribetxebarria, que ha abandonado este miércoles la huelga de hambre para exigir su excarcelación por motivos de salud, y aseguran que "es tiempo de lucha".

Aunque entienden que ha llegado "el principio del fin" de la política penitenciaria del Gobierno, los reclusos de ETA advierten de que "no son tiempos fáciles ni agradables". "Es hora de lucha, y lo conseguiremos", agregan.

En su comunicado, los presos de ETA exigen ser "reagrupados en Euskal Herria" para poder hacer su "aportación al proceso".

"Sufrimiento creado por el conflicto"

"Sabemos mucho del sufrimiento creado por el conflicto y no se lo deseamos a nadie. Los compañeros que han actuado en ETA y que son parte de nuestro Colectivo seguramente saben mucho del daño de cada cual y del infligido a otros. Es una gran carga personal la que llevamos encima para detenernos en declaraciones retorcidas, falsas y manipuladoras. Para que no exista más sufrimiento y dolor no hay más que afrontar la cuestión política", dice el comunicado.

Europa

Aseguran que "Europa ha decretado que se ha acabado el tiempo de la política carcelaria criminal" y celebran que España sólo obtiene "incomprensión". Por ello en el capítulo de reivindicaciones piden la liberación de todos los "secuestrados en las cárceles" tras haber cumplido sus condenas, por la negativa a aplicar la libertad condicional o pese a encontrarse enfermos.

Con el alargamiento de condenas los presos se refieren a aquellos que se encuentran en la cárcel por la aplicación de la 'doctrina Parot' (más de medio centenar) y cuya situación se encuentra pendiente del recurso que tiene previsto presentar el Gobierno ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH), que el pasado julio condenó a España por la aplicación de esta doctrina a Inés del Río.