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Caso Inés del Río

La AN aplaza al 10 de octubre el debate sobre la doctrina Parot

Redacción

20/09/2012

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo exigió la excarcelación de la preso de ETA Inés del Río, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto.

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El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional continuará deliberando el próximo 10 de octubre sobre la puesta en libertad de la miembro de ETA Inés del Río tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que condenó a España a pagar una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la etarra por aplicarle la 'doctrina Parot' de forma "retroactiva" y le instó ordenar su abandono de la cárcel "en el plazo de tiempo más breve posible".

Los 17 magistrados que integran este jueves el Pleno no han alcanzado un acuerdo sobre el alcance de la resolución del tribunal europeo y la pertinencia de aplicarla. La decisión adoptada en el caso concreto de Del Río supondría la extensión de la jurisprudencia adoptada al resto de presos de ETA que permanecen en prisión en aplicación de la 'doctrina Parot', más de 80.


La Fiscalía se opuso

Sobre esta petición se pronunció en contra la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que estimó que la sentencia del tribunal europeo no es firme sino meramente "declarativa", lo que supone que es "básicamente el Estado afectado" el que tiene que elegir, bajo la supervisión del Consejo de Ministros, las medidas a adoptar.

Sin embargo, el Ministerio Público apuntaba que "excepcionalmente", el TEDH "puede indicar el tipo de medida que debe ser tomada para hacer cesar la violación que se ha declarado", cuya naturaleza puede ser en ocasiones "de tal entidad que no deje ninguna elección".  Como en el presente caso la Sala de Estrasburgo no ha ordenado la ejecución provisional de su sentencia, "no procede acordar la puesta en libertad solicitada".

A eso se suma la ausencia de un marco legislativo en España que especifique qué órgano interno tiene la potestad de ejecutar una sentencia firme del tribunal europeo.

Así, "la vía procedente para dar cumplimiento" a dicha resolución "una vez quede firme, será la sugerida" por el Constitucional.

En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos instaba al Estado, además de a su excarcelación, a indemnizar a Del Río con 30.000 euros por los daños morales causados y 1.500 por gastos y costas.

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