Política

Un total de 1.350 agentes de antidisturbios participarán en el dispositivo policial que protegerá el Congreso de los Diputados del martes 25 durante la protesta que llama a rodear el edificio de las Cortes con el objetivo de crear "un cinturón triangular" en torno al Parlamento.

El plan de Seguridad se iniciará ya la misma noche del lunes al martes y se procederá a establecer varios perímetros de seguridad rodeando el edificio del Congreso de los Diputados por las calles adyacentes. El objetivo, según estas mismas fuentes, es establecer varios filtros con los que controlar el paso de personas en las inmediaciones de la Cámara Baja.

Los organizadores de la protesta que llama a rodear el Congreso de los Diputados el próximo 25 de septiembre han convocado varias marchas desde diferentes puntos del centro de la capital que confluirán a las 18.00 horas en las plazas de la Puerta del Sol, Neptuno y Cibeles. Desde allí, pedirán la dimisión del Gobierno y el inicio de un proceso constituyente.

Han presentado la autorización

Los abogados de los ocho imputados por un delito contra las instituciones del Estado con motivo de la convocatoria de protesta para mañana día 25 en el entorno del Congreso han aportado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz una copia de la autorización de la Delegación del Gobierno.

El viernes pasado Pedraz imputó a ocho personas, a las que ha citado el próximo 4 de octubre, después de que los Juzgados de Instrucción de Madrid se inhibieran en favor de la Audiencia Nacional para que investigue estos hechos, ya que este tribunal es el competente para instruir ese tipo de delitos.

Los letrados han presentado hoy ante el magistrado una copia del permiso de la Delegación de Gobierno, que ha autorizado varias concentraciones, reuniones y marchas, así como una "asamblea general" convocadas para mañana alrededor del Congreso, pero a cierta distancia de la Cámara y sin acampada permanente.

Dicha autorización se ha concedido a instancias de un particular que lo solicitó en la mañana del día 19 y que, según han dicho fuentes de la Delegación, representa a los convocantes. Sin embargo, la Coordinadora 25S y la Plataforma en Pie, convocantes de la marcha ciudadana de desobediencia civil que quiere rodear el Congreso, aseguran que no han sido ellas las que han solicitado la autorización.

Lo autorizado por la Delegación del Gobierno son concentraciones en la Plaza de España y Atocha entre las 12 y las 14 horas del día 25, siempre en zonas peatonales "salvo que la afluencia de personas desborde la capacidad" de éstas, "en cuyo caso se habilitarán nuevos espacios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Las mismas puntualizaciones establece la Delegación del Gobierno al autorizar las reuniones o "asambleas populares" en la plaza de España y en el paseo del Prado de 14 a 17:30 horas.

A las 17:30 tienen el visto bueno de la Delegación las marchas-manifestaciones desde la Plaza de España a Sol por la calzadas derecha de Gran Vía, Callao y Preciados, y desde Cibeles a Neptuno, donde se leerá una "proclama ciudadana".

Pedraz imputa a las ocho personas un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere a "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento". Ese delito está castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.