Sociedad

El Ejecutivo elaborará un "plan industrial" consensuado con la Junta de Castilla y León y los agentes sociales y económicos para garantizar el empleo "de cada uno de los trabajadores" de la central de Santa María de Garoña, en Burgos, que cerrará definitivamente en julio de 2013.

Así lo ha anunciado el Gobierno Español que ha decidido prórrogar la vida de Santa María de Garoña. Con esta decisión, la autorización para operar se extenderá durante los próximos cuatro años (hasta el 5 de julio de 2013) frente a los diez que solicitaban los titulares de Garoña y a los que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno. De este modo, se convertirá en la primera central nuclear que opera más de 40 años en España.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, han comparecido en Madrid para dar a conocer la decisión.

Sebastián ha reconocido que "no ha sido fácil, pero que ha sido una decisión meditada, con tiempo para cumplir con las necesidades legales".

El ministro de Industria ha justificado esta decisión en cuatro argumentos: "Es políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente asumible".

Sebastián ha insistido en que el Gobierno tendrá un margen de cuatro años para ofrecer una "buena alternativa industrial" para garantizar el empleo de los trabajadores y "revitalizar la región".

En este sentido, Corbacho ha reiterado el "más firme compromiso" de contar con un plan alternativo en el que se comienza a trabajar "desde este mismo momento" con las administraciones locales y la Junta de Castilla y León.

Polémica decisión

La decisión de prorrogar la actividad de la central de Garoña hasta 2013 ha estado precedida de una polémica política y social, incluso en el Gobierno y en el PSOE, donde la voz no ha sido unánime, una discusión que, no obstante, no ha servido para abrir un verdadero debate sobre la energía nuclear en España.

Esta decisión, que ha agotado casi el tiempo que tenía para hacerla pública (5 de julio), no ha contentado ni a las organizaciones ecologistas, que pedían el cierre inmediato, ni a la empresa Nuclenor, propietaria de Garoña, ni a sus trabajadores, que habían solicitado una prórroga de diez años.

El pasado 5 de junio el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concluyó su informe sobre la planta, cuyo contenido oficial no se dio a conocer hasta el 8 de junio.

Ese día, la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, detalló que el dictamen avalaba la prórroga por diez años con 15 condiciones.

Entre ellas, la de instalar antes de 2011 un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, así como mejorar la protección contra incendios de equipos y sistemas de seguridad, antes del 2013.

&' || 'nbsp;