Sociedad

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) ha anulado artículos esenciales del decreto para la euskaldunización de la Justicia del anterior Gobierno de Ibarretxe, cuyo objetivo era que 800 empleados judiciales -de un total de 2.000- hablaran euskera en 10 años.

En su sentencia, el alto tribunal vasco cree que el Ejecutivo autonómico no puede establecer perfiles lingüísticos de forma genérica en toda la plantilla judicial -excluidos jueces, fiscales y secretarios-, sino solo en puestos "singularizados". Además, suprime la obligación de que las comunicaciones escritas y las notificaciones se realicen en euskera y castellano

Así, el TSJPV ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra el decreto 152/2008 del 29 de julio por el que se regula el proceso de normalización lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca.

Los magistrados de la Sala, Ana Isabel Rodrigo, Ángel Ruiz y Luis Ángel Garrido Bengoetxea consideran que, en base a la legislación vigente, las oficinas judiciales de Euskadi no tienen por qué contar con unidades bilingües para la tramitación de asuntos, y rechaza que el número de plazas con perfil de un juzgado dependa del censo de euskaldunes de la comarca.

Asimismo, el Tribunal considera que el Gobierno vasco carece de atribuciones para decidir que los escritos de un procedimiento sean bilingües, al afirmar que la legislación procesal "es una competencia exclusiva del Estado".

La sentencia puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que deberá presentarse en un plazo de 10 días después de su notificación.

El Gobierno de López hará un nuevo decreto

Tras conocer la sentencia, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, ha anunciado que el Gobierno vasco elaborará un decreto que incluirá una relación de puestos de trabajo adaptada al modelo de oficina judicial y tendrá como uno de sus objetivos cumplir el objetivo de lograr la euskaldunización de la Administración de Justicia.

Entrevistada en ETB, Mendia ha explicado que su departamento estudia recurrir la sentencia y que la actual dirección del Departamento "comparte el espíritu y los objetivos" del decreto.

Según la consejera, con la entrada en funcionamiento de la oficina judicial, que se irán implantando progresivamente hasta 2013, se modernizará la Justicia, pero también se posibilitará que "todo el procedimiento judicial se pueda hacer completamente en euskera".