Sociedad

Los piratas somalíes que mantienen secuestrado desde hace 42 días al atunero vasco Alakrana han permitido la entrada en el pesquero de un médico para atender a los tripulantes, según informó ayer el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez.

En declaraciones a Radio Galega, Méndez explicó que los arrantzales están sometidos a una "enorme tensión física y anímica", por lo que ha sido necesario que sean atendidos.

Un equipo del Instituto Social de la Marina desplazado a la zona colabora en la asistencia médica y psicológica de la tripulación.

Ayer, la ministra de Defensa, Carme Chacón, indicó que la tripulación "está bien y tiene víveres y agua".

Opciones jurídicas

La propia Chacón señaló ayer que entre el "elenco de opciones" que baraja el Gobierno para buscar una solución al secuestro del pesquero vasco se encuentra la posibilidad de que los dos piratas detenidos que se encuentran en España sean juzgados en la Audiencia Nacional y cumplan su condena en Somalia.

Asimismo, afirmó que "la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado" cuando los piratas tienen representación legal en importantes bufetes europeos, y apostó por seguir "el rastro del dinero de los rescates".

En este sentido, resaltó que los secuestradores "no son los piratas románticos en los que uno pueda pensar", y subrayó que tienen "conexiones y bufetes de abogados de lo más sofisticados en Londres".

Pedraz continúa con la instrucción

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa, se plantea llamar a declarar a los militares españoles que arrestaron a los dos piratas, según fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes añaden que el juez Pedraz no tiene intención por el momento de variar la imputación de los dos piratas como autores, que no cómplices, de los citados delitos.

De igual modo, consideran "muy complicado" atender la petición del abogado de ''Abdu Willy'', quien propuso que su cliente sea expulsado de España en un plazo de tres días al ser considerado cómplice y no autor de un delito de detención ilegal.