Sociedad

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a los dos supuestos piratas detenidos por participar en el secuestro del atunero vasco Alakrana, acusados de 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas -no les acusa de asociación ilícita-, por lo que podrían ser juzgado en dos semanas.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que el pasado sábado solicitó el procesamiento de Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman por los mencionados delitos y no incluyó el de asociación ilícita, de forma que existe la posibilidad de que ambos piratas sean condenados a una pena inferior a los 6 años y se les pueda expulsar en aplicación de la Ley de Extranjería.

Pedraz ha citado mañana a los dos detenidos para comunicarles su procesamiento y si ninguna de las partes -fiscal y defensa- realiza solicitud alguna al juez, previsiblemente el miércoles el magistrado elevará la causa a la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que será la encargada de enjuiciarlos.

Tras este paso el fiscal presentará su escrito de acusación, que según han explicado fuentes jurídicas, podría hacerlo a finales de semana, por lo que la sala podría dictar la apertura de juicio oral a comienzos de la próxima semana y a finales fijar la fecha de celebración.

Aunque según la defensa de Abdu Willy, Francisco Javier Díaz Aparicio, existe la posibilidad de que a los detenidos se les pueda aplicar el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería -previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión-, la mayor pena a la que podrían ser condenados podría superar esos 6 años de prisión, ya que el delito de detención ilegal está castigado con penas de 6 a 10 años de cárcel.

El de robo con violencia y uso de armas se castiga con penas de entre tres años y medio y cinco de cárcel.

En su auto, Pedraz señala que las pruebas que incriminan a los dos supuestos piratas son los informes realizados por la Comisaría General de Información y el Estado Mayor de la Defensa, los reportajes fotográficos y el material incautado (2.500 euros, seis móviles de los miembros de la tripulación del pesquero, efectos del barco -entre ellos una navaja de Albacete- e instrumentos con el anagrama de la UE).

En esos informes, han explicado fuentes jurídicas, se precisa que la detención de los supuestos piratas se produjo fuera de las aguas territoriales de Somalia puesto que se efectuó a 120 millas de las costas somalíes y, según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el mar territorial llega hasta las 12 millas desde el litoral.

Además, han añadido las fuentes consultadas, confirman que el Alakrana es un buque registrado en España aunque no enarbolara la bandera española en el momento en el que fue secuestrado.

Declaraciones de Cándido Conde-Pumpido

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado hoy que la Fiscalía actuará "conforme a Derecho" y con la intención de "acelerar el proceso" para que el juicio en España contra los dos piratas somalíes "se celebre de la forma más rápida posible".

Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza alcanzar un acuerdo de conformidad con las defensas de los presuntos piratas somalíes detenidos que posibilite su expulsión de España, ya que pedirá penas que al menos sumarán los 219 años y medio de cárcel.

Caamaño

Por otro lado, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado que la piratería no sólo será un delito diferenciado en el nuevo Código Penal, como recoge el proyecto del Gobierno aprobado el viernes, sino que será contemplado como un tipo específico en la legislación europea.

En declaraciones en el Congreso ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, ha detallado que en la reforma de la directiva marco sobre trata de seres humanos, "en fase de culminación", el delito de la piratería se contempla dentro del entorno general europeo como un "tipo específico propio de la Unión".