Sociedad

El caso tiene ciertas similitudes con el trágico episodio de Marta del Castillo. Poco después de su asesinato, muchos medios publicaron fotografías de la joven sevillana obtenidas de la red social Tuenti, en las que aparecía en compañía de su presunto asesino. Estas imágenes sirvieron incluso para ilustrar muchos minutos de programas televisivos, que organizaron tertulias y debates sobre el homicidio con las habituales dosis de sensacionalismo y falta de rigor, y en la que las fotografías tuvieron una presencia importante. Ante la polémica generada, Tuenti se vio obligada a cerrar el acceso a la cuenta.

La historia se repitió la pasada semana, aunque en otras circunstancias bien distintas. Los presuntos miembros de ETA Jon Rosales y Adur Arístegi, detenidos el pasado miércoles en Girona, aparecen en una fotografía colgada en el muro de Facebook del primero de ellos. Ambos visten, junto a un tercer amigo, la camiseta de la selección española de fútbol. La imagen, difundida rápidamente, corrió como la pólvora. Muchos medios digitales, audiovisuales e impresos la publicaron haciendo interpretaciones de lo más diversas: desde quienes ofrecían una visión meramente descriptiva ("Los etarras detenidos se fotografiaron con la camiseta de la selección"), hasta los que aventuraron intenciones y circunstancias como que los presuntos activistas eran "forofos de la roja".

Deontología y oportunidad

El acceso a las cuentas privadas de las redes sociales está perfectamente definido y delimitado por las respectivas políticas de privacidad. Cada cual puede determinar qué parte de su vida social es abierta y qué elementos son accesibles para el núcleo más reducido de las amistades. Sin embargo, la utilización y difusión del contenido de estas redes a través de medios de comunicación de masas no está delimitado. No hay legislación, y apenas existe jurisprudencia. Al tiempo, la Agencia de Protección de Datos no ha establecido, que se sepa, unos criterios ni normativas.

Para Ignacio Escolar, periodista, bloguero y experto en Internet, la publicación de imágenes obtenidas de redes como Facebook no es aceptable desde un punto de vista deontológico.

"No lo fue con las fotos de Marta del Castillo y de su asesino ni tampoco lo es ahora en el caso de estos presuntos etarras", señala en declaraciones a eitb.com.

¿La razón? Más allá de criterios legales -los derechos de esas fotos son de sus autores, no de los periodistas- "hasta los presuntos terroristas tienen derecho a la intimidad. Que se publicasen fotos del Tuenti de Marta del Castillo estuvo mal no porque ella fuese la víctima, sino porque incuso los asesinos más terribles, como los terroristas, no pierden todos sus derechos, menos aún cuando ni siquiera han sido juzgados", asegura Escolar.

A su juicio, las fotos colgadas en las redes sociales "no son de uso público. Menos aún cuando son perfiles de uso privado, como era en el caso de Marta del Castillo".

El hecho de que las personas protagonistas estén inmersas en procesos judiciales o acusadas de graves delitos no da pie a una mayor laxitud a la hora de permitir la publicación de las imágenes.

"Depende. Sí, pero no cualquier fotografía. En España, a diferencia de Francia, es algo cotidiano permitir hacer fotos de los presuntos etarras esposados, a la salida de la comisaría o a la entrada del juzgado, pero cuando se hace lo mismo con los políticos -me refiero al reciente escándalo con una foto de los implicados en una investigación sobre corrupción en Catanlunya- todos nos escandalizamos", advierte.

"Los derechos -concluye Escolar- son iguales para todos los imputados, sin importar la gravedad de sus presuntos delitos. Lo contrario lleva a excesos, como lo que pasó con aquel chaval al que criminalizaron en la prensa como asesino de su hijastra y resultó ser inocente".

Falta de regulación

Para Jorge Campanillas, consultor de la empresa de asesoría legal para nuevas tecnologías Iurismática, el debate es "bastante profundo". En esta cuestión se mezcla "el puro hecho noticioso -como es que dos presuntos miembros de ETA se fotografíen con la camiseta de la selección-, con cuestiones como la libertad de información y temas de la ética periodística".

Campanillas subraya que la Agencia de Protección de Datos "deja clara la necesidad de solicitar consentimiento a las personas antes de publicar imágenes, aunque también afirma que los personajes públicos o famosos tienen que ser conscientes de que sus imágenes pueden salir en la prensa sin su beneplácito".

Además, apela a una cuestión que, a día de hoy, casi se ha convertido en una realidad de difícil limitación.

"Cuando alguien está publicando fotos en Internet, y más aún en redes como Facebook y Tuenti, tiene que saber lo que está haciendo, que estas imágenes pueden ser utilizadas", afirma. A su juicio, el internauta tiene que ser plenamente consciente de que si no hace uso de las políticas de prividad, sus datos pueden ser de acceso público.

"Otra cosa es, --añade--, la visión ética del asunto".

La Agencia de Protección de Datos trata de regular el acceso a los datos de las redes sociales. Según Campanillas, su trayectoria permite aventurar que sus recomendaciones y normas serán de carácter restrictivo y garantista. Pero, incluso en esos casos, este experto cree que tales directivas pueden verse atemperadas por otras cuestiones, como el derecho a la información.

"La foto [de los presuntos miembros de ETA con la camiseta] en sí es una noticia. Cualquier persona que vaya a Facebook lo hubiera visto. Cualquiera que entre en Facebook tiene que ser consciente de que toda la repercusión va ir hacia lo que tengas público", concluye Campanillas.