Sociedad

SOS-Bebés Robados de Gipuzkoa prevé que próximamente se lleven a cabo unas doce exhumaciones en distintas localidades de este territorio para comprobar la existencia de restos en las tumbas en las que deberían reposar otros tantos bebés supuestamente fallecidos al poco de nacer.

Según la coordinadora de SOS-Bebés Robados de Gipuzkoa, Amadeli Díaz, esta docena de casos se sumarían a las dos exhumaciones practicadas ya en el territorio, una en Donostia y otra en Itsasondo, en los que no se han encontrado restos humanos.

Díaz ha hecho estas declaraciones al término de la reunión que ha mantenido este mediodía con el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, acompañada por miembros de la familia Losa Ocáriz, en cuyo panteón no fueron localizados los restos de su allegada, Rebeca Losa Ocáriz, dada por muerta cuando aún era un bebé.

Durante su comparecencia, Amadeli Díaz ha explicado a los periodistas que por el momento se han detectado 320 casos de posibles bebés robados en Gipuzkoa, unos 200 de los cuales estarían judicializados, aunque hasta ahora se han archivado entre un 10 y un 15% de ellos.

Díaz ha revelado que su asociación no se plantea otra hipótesis más que la de que los niños dados por muertos fueron vendidos a terceras personas, ya que la asociación ya ha localizado a "cinco o seis" y sabe que se pagó "un dinero" por ellos, que "siempre era el valor de un piso y en algunos casos el de dos".

Las Juntas piden un servicio de atención

La Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa ha aprobado este martes una declaración institucional a través de la cual pide a la Diputación que cree un servicio de asesoría para los afectados por el presunto robo de bebés entre los años 50 y 90 en el territorio histórico.

En el texto aprobado se recoge que en el citado periodo de tiempo en Euskadi se han dado "irregularidades administrativas que hacen sospechar sobre casos de apropiación indebida de niños recién nacidos o adopciones irregulares".

Además, destaca que Gipuzkoa es el territorio con el mayor número de afectados y que la supuesta trama podría englobar a 20 hospitales del territorio.

Las Juntas guipuzcoanas piden a todas las instituciones vascas, en especial a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco, que "adopten cuantas medidas sean necesarias y estén a su alcance para garantizar el derecho a la verdad exigido por las asociaciones anteriormente citadas".