Sociedad

El Gobierno central aumentará su capacidad de fijar los contenidos educativos hasta el 65 % en el caso de comunidades con lengua cooficial y al 75 % para el resto, según el anteproyecto de reforma de la enseñanza no universitaria aprobada por el Consejo de Ministros.

La propuesta, presentada en rueda de prensa por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, señala que al Gobierno corresponde el establecimiento de los criterios de la evaluación de alumnos y las proporciones curriculares señaladas como legislación básica.

En la legislación vigente, al Gobierno corresponden el 55 y 65 % de los contenidos curriculares.

A las comunidades, según Wert, corresponde la capacidad de establecer las directrices pedagógicas, la organización de la gestión educativa y la porción de contenidos no atribuida el Estado.

Wert ha rechazado que se trate de una "recentralización" o de una homogeneización de la educación, ya que eso sería "despojar" de competencias a las comunidades, y ha insistido en que se trata de articular nuevos instrumentos de evaluación desde el punto de vista de la "equidad territorial".

Coste: 300 millones

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha cifrado en unos 300 millones de euros el coste base de la reforma educativa.

El ministro ha diferenciado el coste de implantación y el coste de consolidación de la reforma, y ha observado que será más cara cuanto mayor sea el éxito de la misma, ya que si se consigue reducir el abandono y el fracaso escolar el número de alumnos en las aulas será mayor.