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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado al Ministerio de Justicia la supresión del artículo 156.2 del Código Penal por considerar que viola la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y que atenta contra los Derechos Humanos. Dicho artículo despenaliza la esterilización forzosa de personas con discapacidad declaradas incapaces judicialmente.

El gabinete que dirige Alberto Ruiz Gallardón ha dado, de momento, el ‘no’ por respuesta. Justicia considera que "la esterilización de la persona incapaz realizada con autorización judicial, otorgada por concurrir los elementos justificadores de carácter material y formal definidos en la Ley, y tomando como criterio rector el mayor interés de la persona que sufre graves deficiencias físicas, no supone ir en contra de los principios de la Convención". Argumentan, además, que la ley "sólo" despenaliza la esterilización forzosa "cuando la persona por su incapacidad psíquica grave, no puede prestar consentimiento libre e informado. Esto si será totalmente exigible para el resto de personas con discapacidad".

El CERMI denuncia que las prácticas esterilizadoras no consentidas por la propia persona sin posibilidad alguna de suplir su voluntad, aunque sea judicialmente, “son una aberración inconcebible en el Estado Social de Derecho en el que vivimos”. Según explica el Comité, los tratados internacionales reconocen que todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones y, por lo tanto, es "obligación" de los poderes públicos protegerles "sin injerencias indebidas, condenando a quienes pueden obstaculizar su disfrute".

Sin denuncias ni estadísticas

Ana Peláez, comisionada de género del CERMI y miembro de del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas asegura que la esterilización forzosa es "un tema que incomoda a todo el mundo" y que por eso, ni se denuncian todos los casos ni hay datos estadísticos al respecto. “Este tema no forma parte de la agenda política de nadie. Ni las organizaciones de personas con discapacidad han prestado atención a esto, ni tampoco otras organizaciones ni de mujeres ni de nada. Esto habla de esa invisibilidad que sufrimos las mujeres con discapacidad”.

Esta permisividad con la esterilización no consentida y no conocida en muchos casos por las mujeres que la padecen no es exclusiva de España, ya que se da en distintos países de la Unión Europea, así como en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia.

Mayor riesgo de agresión sexual

Ana Peláez recuerda que “existen otras fórmulas que permiten asegurar que no se produzcan embarazos. No porque una mujer no pueda llegar a ser madre por su situación personal tenemos que mutilar a una persona; porque eso es lo que supone una esterilización forzosa”. La medida, además, “atenta contra el consentimiento informado”. “Muchas mujeres han pensado que se les iba a operar de apendicitis. Incluso, tenemos casos de mujeres que han sufrido la esterilización en el momento de dar a luz, sin ningún tipo de consulta por parte del servicio médico”.

Como miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Pelaéz también incide en que “los estudios –de otros países porque en España no se han hecho– indican que cuando se esteriliza a una niña, adolescente o mujer con discapacidad, se la está sometiendo a una situación de mayor vulnerabilidad frente al abuso sexual por parte del entorno directo”, dado que el abusador sabe que no habrá consecuencias visibles de sus actos al no existir posibilidad de embarazo.

Somos Cómplices ya se hizo eco en su momento, de algunos estudios que estiman que la incidencia de la violencia de género en mujeres con discapacidad es entre 2 y 5 veces mayor que en las mujeres en general. La ONU señala que el 80 % de las mujeres con discapacidad sufren o han sufrido alguna vez a lo largo de su vida alguna situación de violencia de género.

El debate continúa abierto y a la espera de que las negociaciones entre el CERMI y el Ministerio de Justicia avancen próximamente, con un encuentro para el que “ya se barajan fechas”.